Experimenta el ejercicio de derechos evitando las sanciones administrativas en la empresa

El emprendedor crea algo nuevo, ya que su empresa ha de hacer algo de una manera innovadora o personal para aportar un valor diferencial en su propuesta de negocio.

Para ejercitar derechos es necesario:

  • Tener capacidad jurídica.
  • Poseer capacidad de administración (para administrar derechos) o de disposición (para disponer de los mismos).

Pero, aún teniendo capacidad de disposición, está puede estar limitada por sanciones o prohibiciones de disponer.

Hasta que el negocio marche el emprendedor debe ser el encargado tanto de la calidad como de la gestión de los detalles, pues sólo él posee la visión y sus empleados o colaboradores carecen de su interés y motivación.

Algunos de los detalles que contribuyen a maximizar las posibilidades de triunfo de un emprendimiento son:

  • Una marca (o nombre comercial) sencilla y fácil de recordar, atractiva para el público objetivo e identificable con el producto o servicio.
  • Un diseño (ya sea logo, branding o packaging) estético y de calidad que maximice la usabilidad y refleje tanto los valores de la empresa.
  • Un mensaje adaptable en función de los resultados (métricas) cuya difusión priorice el retorno de la inversión.

Son ejemplos de situaciones en que aparecen las prohibiciones de disponer, los siguientes:

  • Una finca heredada sujeta a una prohibición de disponer adquirida por voluntad del causante que quiere aportarse a una sociedad. O 
  • La posibilidad de establecer prohibiciones de disponer en el testamento de un empresario a efectos de para velar por la pervivencia de la empresa.

¿Qué es necesario para el ejercicio de derechos?

Para poder ejercitar derechos es necesario en primer lugar ser apto para ser titular de los mismos. Es decir, tener capacidad jurídica. Pero además, para ejercitar los derechos de los que se es titular requiere tener capacidad de obrar.

No obstante, un incapaz puede ejercitar derechos por medio de un tercero en caso de sustitución (si el tercero actúa en nombre propio) o representación (cuando el tercero actúa en nombre y por cuenta del representado) .

Además puede hablarse de legitimación activa o pasiva, según que se trate de ejercitar derechos o de verse afectado por ejercicio de los mismos por un tercero.

Por otro lado, a efectos de proteger a los terceros, el ordenamiento jurídico en ocasiones atribuye validez a los actos realizados por los titulares aparentes. Sin perjuicio de supuestos específicos, los casos más generales son los contemplados en los artículos:

  • 464 CC, para el caso de bienes muebles, y
  • 34 LH, para los inmuebles.

Ejercicio de derechos de contenido patrimonial

El ejercicio de derechos de contenido patrimonial incluye tanto actos de administración como de disposición.

¿En qué consisten los actos de administración?

Los actos de administración únicamente se refieren al uso del bien, por lo que no afectan a la titularidad dominical o propiedad.Se trata de actos relacionados con actividades explotación y conservación como:

  • La percepción de rentas,
  • Las reparaciones o
  • La administración de fincas agrícolas o explotaciones.

¿En qué consisten los actos de disposición?

Los actos de disposición afectan a la propiedad del bien, trasmitiéndola o limitándola. Incluye las potestades de:

  • Enajenar derechos,
  • Modificar derechos, 
  • Imponer cargas, 
  • Gravar derechos y 
  • Suprimir derechos.

Limitaciones o prohibiciones de disponer

Las prohibiciones de disponer son limitaciones o restricciones sobre las facultades del titular. Pueden ser:

  • Absolutas, cuando se refieren a cualquier acto de disposición o
  • Relativas, si afectan únicamente a actos determinados.

Debido al carácter restrictivo de las prohibiciones de disponer únicamente son válidas en los casos establecidos en la ley.

Conoce las prohibiciones de disponer sobre bienes inmuebles

En el caso de los bienes inmuebles la regulación de las prohibiciones de disponer se recoge dentro de la ley hipotecaria.

Pueden establecerse:

  • Por un tiempo determinado o indefinido.
  • De forma expresa, tácita o presunta.
  • Por la ley (como es el caso por ejemplo del artículo 636 del Código Civil), por los particulares, por los jueces o por la administración.
Prohibiciones de disponer impuestas por particulares sobre bienes inmuebles

Las prohibiciones de disponer impuestas por particulares pueden afectar a:

  • Las disposiciones a título gratuito o
  • Las disposiciones a título oneroso.

En caso de incumplimiento de prohibiciones de disponer:

  • Si éstas afectan a actos de disposición a título gratuito, como es el caso de la donación o el testamento, los actos realizados serán inválidos.
  • Cuando las prohibiciones de disponer afectan a actos a título oneroso (como es el caso de la compra-venta, la hipoteca o cualquier otra forma de gravamen) habrá lugar a la indemnización de todos los daños y los perjuicios que hayan podido ocasionarse con el incumplimiento.

Además, el establecimiento de prohibiciones de disponer tiene una serie de limitaciones legales:

  • No pueden exceder los límites que figuran en el Código Civil en el caso de sustituciones fideicomisarias (no pasar del segundo grado o hacerse en favor de personas vivas al tiempo del fallecimiento del testador).
  • No pueden afectar a los actos de administración.
  • No pueden afectar a los actos de disposición de carácter necesario, como puede ser el caso de la transmisión mortis causa de los bienes en caso de fallecimiento del propietario.
Descubre las prohibiciones de disponer sobre bienes muebles

Existen algunas disposiciones sobre las prohibiciones de disponer respecto de bienes muebles en la Ley de Venta de Bienes muebles a plazos.

  • El artículo 7 LVBMP recoge específicamente una prohibición legal de disponer hasta que se ha procedido a pagar el precio por completo o al reembolso del préstamo, salvo autorización escrita del fiador o enajenante.
  • Las prohibiciones voluntarias de disponer establecidas por particulares han de inscribirse en el Registro de Bienes Muebles.

Además, en caso de llegar a adquirirse los bienes sobre los que recae una prohibición voluntaria de disponer inscrita en el registro como el embargo o la ejecución forzosa, el adquirente responde solidariamente de la obligación de pago garantizada por la prohibición.

Sanciones administrativas y prohibiciones de disponer

Se entiende por infracción administrativa el incumplimiento de alguna norma imperativa que establezca obligaciones o prohibiciones administrativas sobre un ámbito de la actividad de la empresa.

Las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves, aun cuando en algunos ámbitos se distinguen también las infracciones menos graves.

Su fundamento vía normativa se encuentra dentro del artículo 25 de la Constitución Española.

A tenor del artículo 28 de la Ley 40/2015, únicamente podrán ser sancionadas por infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas responsables.

(Cuando tengan capacidad de obrar reconocida por ley, también los grupos de afectados, patrimonios independientes o uniones y entidades sin personalidad jurídica). 

Las sanciones que pueden suponer la necesidad de abstenerse de disponer.

Las prohibiciones que dan lugar a sanciones pueden ser penales o administrativas.

El concepto de sanción administrativa se encuentra íntimamente ligado con el concepto de infracción administrativa, pues son su consecuencia punitiva. Son, por tanto, un mal o castigo infringido por parte de la administración al infractor con finalidad represiva y mediante la tramitación de un procedimiento administrativo.

Sanciones administrativas en el ámbito de la empresa

Las sanciones administrativas que pueden afectar a la pequeña y mediana empresa. En este caso son actos administrativos que se producen como consecuencia de actuaciones ilícitas por parte del administrado persona jurídica, autónomo o profesional.

Como hemos visto, para imponer una sanción es necesario que la administración siga el procedimiento administrativo aplicable.

Además, la ley impone a la Administración observar una proporcionalidad entre la infracción y la sanción impuesta.

Son criterios de proporcionalidad:

  • La intencionalidad o reiteración,
  • La reincidencia (entendida como comisión de más de una infracción similar en el término de un año) o
  • La naturaleza de los perjuicios causados.

Recordar que la responsabilidad administrativa incluye, como en el caso de que se incurra en responsabilidad penal, la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados como consecuencia del ilícito (sin perjuicio de la obligación de reponer, en su caso, las cosas al estado primitivo).

Es decir, la reparación de los daños es exigible al infractor con independencia de la sanción.

Contenido de la regulación sobre sanciones administrativas

Las sanciones administrativas más características son las multas, pero existen otras relacionadas con la pérdida de derechos que pueden clasificarse de muchas maneras:

  • Las que traen causa de una relación de supremacía especial,
  • Las establecidas para sectores determinados o
  • Las que traen causa de una relación de policía.

La potestad sancionadora de la Administración puede dividirse en:

  • Potestad disciplinaria (aplicable a los funcionarios) y
  • Potestad sancionadora de los administrados, que es la que es la que puede afectar al ámbito de la empresa.

La imposición de sanciones ha de respetar, además, los principios de la potestad sancionadora de la administración. Este es el caso de los principios de:

  • Legalidad,
  • Irretroactividad,
  • Tipicidad,
  • Responsabilidad,
  • Personalidad,
  • Proporcionalidad y
  • Prescripción.

La ley regula también, de forma específica:

  • La concurrencia de sanciones y
  • El principio non bis in ídem, o imposibilidad de ser sancionados más que una vez por los mismos hechos, generalmente referido a sanciones impuestas por vía administrativa y penal respecto de unos únicos hechos.

Introducción al procedimiento administrativo sancionador

Las bases del procedimiento administrativo sancionador se encuentran recogidas dentro de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., que contempla las especialidades frente al procedimiento general. Dicha ley deroga el Real Decreto 1398/1993.

Esta norma ha de complementarse con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. y el Reglamento que desarrolla el procedimiento sancionador en materia de tráfico, el Real Decreto 320/1994.

Tramitación del procedimiento administrativo sancionador

La tramitación del procedimiento administrativo sancionador debe respetar una serie de principios. Como son los de:

  • Garantía del procedimiento,
  • Garantía de derechos del presunto responsable y
  • Presunción de inocencia.

La ley regula también la posibilidad de imponer medidas de carácter provisional, así como los requisitos que debe contener la resolución por la que se imponga a la correspondiente sanción.

Para imponer una sanción administrativa es necesario que concurra la culpa del sancionado, bien a título de dolo, bien a título de negligencia o simple inobservancia.

Fases del procedimiento administrativo sancionador

A continuación hacemos referencia a cada una de las fases del procedimiento administrativo sancionador siguiendo la Ley 39/2015.

Fase previa

En esta fase el órgano competente para iniciar el procedimiento ha de determinar si existen indicios suficientes para la incoación del mismo. En esta fase el órgano competente puede realizar las denominadas actuaciones previas.

Iniciación del procedimiento administrativo sancionador

El procedimiento administrativo sancionador se inicia mediante acuerdo del órgano competente:

  • Por propia iniciativa,
  • Como consecuencia de orden que provenga de un órgano superior o
  • Por denuncia (o petición razonada por parte de otros órganos).

Nótese que este tipo de denuncia, al que nos hemos referido, es aquella que inicia un procedimiento sancionador, como en el caso de una denuncia por incumplir una norma de tráfico.

Cosa distinta es la denuncia por accidente de tráfico que no forma parte del procedimiento administrativo, sino del judicial, y es una forma de iniciación de reclamaciones judiciales en caso de accidente de tráfico por la vía penal

En este tipo de denuncia, la reclamación de indemnizaciones para las que existe un baremos de cálculo se realiza ante la jurisdicción civil tras la reforma penal.

El acuerdo de iniciación debe:

  • Identificar a las personas presuntamente responsables,
  • Especificar los hechos que motivan la iniciación del expediente,
  • Determinar quiénes son los órganos instructor y decisor,
  • Precisar, en su caso, las medidas de carácter provisional adoptadas y
  • Mencionar que el presunto infractor tiene derecho a formalizar alegaciones especificando los plazos.
Instrucción y prueba

El acuerdo de iniciación se traslada al instructor y al interesado o interesados (inculpado y denunciante, en su caso). El plazo general para formular alegaciones es de 15 días.

Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para su realización el órgano instructor puede acordar la apertura de un período de prueba de entre 10 y 30 días. Debe destacarse que en un procedimiento sancionador la carga de la prueba corresponde a la Administración.

Practicadas las pruebas el órgano competente debe formular una propuesta de resolución en que se fijen:

  • Los hechos,
  • Su calificación,
  • La delimitación de las infracciones,
  • La determinación del responsable, y
  • La concreción de las sanciones que se proponen (con su calificación).

La propuesta de resolución se notifica nuevamente a los interesados, abriéndose un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

Resolución

Tras las alegaciones, la resolución constituye la última fase del procedimiento administrativo sancionador. En la resolución el órgano sancionador formula de forma motivada el acto administrativo por el que se impone o no la correspondiente sanción.

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